Prevenir la victimización secundaria de los menores de edad durante el desarrollo de un proceso penal donde ellos hayan sido víctimas de delitos graves, es lo que llevó a crear la Ley 21.057 que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo.
La normativa entró en vigencia en 2018, pero como su implementación se hizo de forma escalonada, en el Biobío comenzará a funcionar el próximo 3 de junio.
Entre el Poder Judicial y la Fiscalía suman 25 salas destinadas a las entrevistas grabadas, distribuidas en todo el territorio. 18 de ellas pertenecen a la primera institución y el resto al Ministerio Público.
Además, según informó El Sur, hay 47 personas capacitadas para hacer las entrevistas, entre jueces, fiscales y policías.
Al respecto, María Alejandra Monsalve, jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, detalló que inicialmente esto estabaprogramado para el 3 de octubre de 2019, pero las protestas de ese entonces y luego la emergencias sanitaria retrasaron la implementación.
Una de las razones para ello fue que además de las salas, la ley exige que quienes realicen las entrevistas estén capacitados para ello. Inicialmente este proceso tomaba tres semanas y se hacía en Santiago. Con la pandemia y las restricciones de movilidad tuvieron que hacer ajustes al programa. Ahora las clases son en línea y el proceso dura seis semanas, detalló Monsalve.
“Quedó demostrado que esto es beneficioso, ser entrevistado por alguien que sabe del tema, cómo preguntar sin que el menor se sienta victimizado”, aseguró la jefa de la unidad a El Sur.
Por su parte, Cristian Gutiérrez, juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de ConcepciÛn, explicó que “esta iniciativa legal tuvo como gran respaldo un proyecto piloto que surge al amparo del Poder Judicial, y que luego se formalizó en un auto acordado de la Corte Suprema, que ha permitido declaraciones en juicio oral de niño, niñas y adolescentes, desde el año 2014, bajo un formato que es bastante similar al que dispone la normativa que entrar· en vigencia en junio de 2021”.
En cuanto al proceso en si, lo primero es evaluar si el menor tiene la disponibilidad de declarar, expuso María Alejandra Monsalve. Indicó que hay niños que no quieren hablar de lo que les ocurrió, por lo traumático de la situación. “Ellos están en su derecho de no querer declarar”, precisó.
En caso de que accedan, se realizan dos coordinaciones: con el menor, para ver cuándo puede asistir, y con el entrevistador. En este último caso se le entregan todos los antecedentes del delito para que la persona sepa en qué indagar.
Esta entrevista corresponde a la parte investigativa, pues durante el juicio hay que repetir el proceso.
El juez Cristian Gutiérrez destacó que cuando los menores declaran en juicio oral, no lo hacen en la sala audiencia, frente a los jueces ni los demás intervinientes, sino en esta sala especial, ante un intermediario capacitado o quien presida el tribunal en su caso, que es quien adecua las preguntas que surgen de fiscal, defensor o querellante.